La detención del ex-gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel tras ser acusado de tráfico de combustibles y delincuencia organizada por su presunta participación en la red más grande de huachicol fiscal, no es un caso de justicia selectiva ni responde a intereses políticos, sino que es producto de una investigación que la Fiscalía General de la República mantiene abierta desde hace un año, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La primera mandataria negó los señalamientos del expresidente Felipe Calderón, quien mediante una publicación en la red social X se solidarizó con el exfuncionario y acusó una aplicación selectiva de la justicia, ello a pesar de que en el pasado él mismo señaló a Ruffo Appel por presuntos nexos con el crimen organizado.
Explicó que la investigación de la Fiscalía se mantiene abierta desde hace más de un año y comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.
“Es falso que haya un asunto político aquí, es derivado de una investigación que tiene un año, un año en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
De acuerdo con la información presentada por la FGR, la red investigada estaba dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país.
La investigación se originó luego de que autoridades federales localizaron 33 carrotanques abandonados cerca de una estación de ferrocarril en Ramos Arizpe, con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo.
En aquel momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, como parte de las acciones de seguridad en Coahuila, diversas instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con seguridad física de Pemex y autoridades locales, aseguraron en dos acciones 129 carrotanques y 15 millones 480 mil litros de combustible.
En relación a ello, la jefa del Ejecutivo federal explicó la manera en que se operó:
“Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos, porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios], si se dice que es otro producto, no se paga ese impuesto, eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal”.
Sostuvo que, en realidad, se trata de contrabando de combustible, y señaló que la operación consistía en introducir derivados del petróleo desde Estados Unidos a México con la declaración de productos distintos, menores volúmenes o mercancía sujeta a un menor pago de impuestos.
Sobre el caso de los ferrotanques, explicó que una línea de ferrocarril conecta directamente a Estados Unidos con México y que, a partir de la investigación, se identificó a la empresa Ingemar SA de CV encargada de importar el combustible, de la cual “es socio mayoritario el exgobernador, es así de directa [la relación]”.
No obstante, Sheinbaum Pardo subrayó que, si el exgobernador cuenta con documentación para demostrar su inocencia, “actuará el sistema de justicia, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial”.
