Cinco servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves, como parte de las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que existen 18 expedientes abiertos, de los cuales 13 continúan en etapa de investigación y aclaró que todavía no hay resoluciones definitivas que determinen responsabilidades.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, el contralor expuso posibles conflictos de interés, simulación de competencia entre proveedores, deficiencias en la comprobación de servicios y presuntas afectaciones a los recursos públicos.
Los procedimientos administrativos permiten que las personas señaladas presenten pruebas y ejerzan su derecho de defensa. Si las faltas se consideran graves, los expedientes deberán remitirse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determinará si corresponde imponer sanciones.
Uno de los casos expuestos corresponde al contrato INE-007-2025, destinado a la compra de urnas y mamparas para el proceso electoral extraordinario, cuyo monto máximo ascendió a 198 millones de pesos.
Carvente señaló que la adjudicación directa se realizó por 26 millones de pesos más que la propuesta de Talleres Gráficos de México. También indicó que se habrían identificado modificaciones en las condiciones de contratación y posibles deficiencias en el estudio de precios de mercado.
Otro hallazgo se relaciona con las penalizaciones por retrasos en la entrega de materiales: mientras el OIC calculó que debían superar los 40 millones de pesos, el instituto cobró únicamente 26 mil pesos.
Las revisiones también abarcaron el contrato 66-2023, por 48 millones 569 mil 782 pesos, asignado a Comercializadora Ghibli para prestar servicios del sistema de voto electrónico por internet de mexicanos residentes en el extranjero.
La auditoría, realizada entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, detectó inconsistencias en documentos fiscales presentados por la empresa. Entre ellas, declaraciones y constancias de cumplimiento tributario que correspondían a otra compañía.
Además, el OIC reportó que no se acreditó una consulta previa al Servicio de Administración Tributaria para verificar la situación fiscal del proveedor y que los registros patronales de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social habían sido dados de baja antes de la contratación.
Durante la sesión, legisladores de oposición cuestionaron al contralor por la falta de detección oportuna de las presuntas anomalías y preguntaron si existían investigaciones relacionadas con posibles cobros de hasta 10 por ciento del salario a trabajadores del INE, así como represalias contra quienes se negaran a participar.
También solicitaron información sobre posibles vínculos entre funcionarios y proveedores.
Carvente defendió los resultados de su gestión y afirmó que en los últimos 18 meses se formularon 3 mil 307 recomendaciones derivadas de 27 auditorías, frente a las 2 mil 776 recomendaciones de 194 auditorías del periodo anterior.
El titular del OIC agregó que el análisis de los precios de adquisición del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales permitió identificar un ahorro potencial de aproximadamente 3 mil millones de pesos, sin embargo, no precisó si existen investigaciones que involucren directamente a Guadalupe Taddei ni aclaró si se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por estos casos.
