Organizaciones y activistas pidieron este jueves la renuncia de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, luego de que se confirmara que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, por su presunta participación en una red vinculada al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero.
La exigencia fue hecha públicamente por Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quien señaló que la gobernadora debería separarse de su cargo —ya sea mediante licencia o renuncia— para “garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana” en un contexto que ha generado preocupación social.
La carpeta de investigación de la FGR, según medios nacionales, fue iniciada a partir de una denuncia anónima presentada en junio de 2025.
En ella se señala que Carlos Torres presuntamente habría recibido pagos mensuales de 150 000 dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir las operaciones de una facción del crimen organizado conocida como “Los Rusos”, supuestamente vinculada al Cártel de Sinaloa.
La indagatoria también menciona la posible participación del hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres, en actividades de lavado de dinero a través de empresas y esquemas de inversión, así como presuntos vínculos con servidores públicos del estado.
Tras la difusión de la investigación, Carlos Torres Torres emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente las acusaciones y afirma que no tiene “nada que ocultar”.
El exfuncionario sostuvo que la denuncia es anónima y que espera que la indagatoria de la FGR pueda demostrar la falsedad de los señalamientos.
Por su parte, Marina del Pilar Ávila confirmó públicamente la existencia de la investigación y expresó su confianza en que la Fiscalía actuará con seriedad y conforme a derecho para esclarecer los hechos.
Asimismo, mencionó que el caso es de conocimiento público desde hace varias semanas, cuando algunos citatorios se difundieron en medios de comunicación.
Además de la solicitud de renuncia por parte del SNA, otras voces ciudadanas y activistas han instado a la mandataria estatal a separarse de su cargo de manera voluntaria, argumentando que la situación afecta la confianza en las instituciones y en la gobernabilidad en la entidad.
Hasta el momento no se ha reportado ninguna acción formal de la Gobernación de Baja California para atender la petición de licencia o renuncia, ni pronunciamientos de otros actores políticos sobre el caso.
