Jesús Alejandro Ruiz Uribe, exdelegado de programas sociales del Gobierno federal en Baja California, enfrenta señalamientos por presunto enriquecimiento oculto, luego de que omitiera reportar en sus declaraciones patrimoniales la venta de un terreno valuado en más de 11 millones de pesos. La omisión abarca sus declaraciones correspondientes a 2024 y 2025, periodo en que aún ocupaba el cargo.
De acuerdo con documentación oficial, Ruiz Uribe no reportó ingresos por la enajenación del predio, pese a que el terreno —de más de 3 mil metros cuadrados en Mexicali— estaba incluido en su declaración inicial con un valor aproximado de 2 millones de pesos.
Al momento de presentar su declaración de modificación y la de conclusión, indicó en ceros cualquier ingreso por venta de bienes.
La Auditoría Superior de la Federación considera esta omisión una falta administrativa grave conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para iniciar un procedimiento sancionatorio. Debido a que Ruiz Uribe fue destituido de su cargo el 15 de septiembre de 2025, la única sanción aplicable sería la inhabilitación. Sin embargo, el caso también podría ser turnado a la Fiscalía General de la República por la posible comisión de un delito.
Venta millonaria no declarada
La compraventa del predio, ubicado en la avenida Hamburgo del fraccionamiento Villafontana de Mexicali, se formalizó en 2023. El terreno, ligado a la red de planteles fundada por Jesús Ruiz Barraza, fue vendido a Milton Rubio, representante de la empresa Aguas de Rosarito, por un total de 11 millones 162 mil pesos. El acuerdo incluyó pagos iniciales y siete transferencias mensuales que concluyeron en enero de 2024.
Pese a ello, Ruiz Uribe presentó su declaración anual de 2023 sin incluir los ingresos por la venta del predio, y en su declaración 2024 nuevamente omitió reportarlos, incluso manteniendo el terreno como parte de su patrimonio. Tampoco incorporó la información patrimonial de su cónyuge, integrante del cabildo de Ensenada, obligación establecida por ley.
Antecedentes de omisiones y presuntos encubrimientos
No es la primera vez que el exdelegado enfrenta señalamientos por faltas graves. En 2019 fue acusado de encubrir presuntos actos de corrupción relacionados con aportaciones ilegales de empresarios para obtener contratos en el gobierno estatal. Aunque conoció de estos hechos, no presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Transparencia marca inconsistencias
Registros del Sistema Nacional de Transparencia confirman que la venta del terreno no aparece reportada en sus declaraciones patrimoniales de 2024 ni en la presentada en 2025, previo a su destitución. Las inconsistencias financieras, combinadas con sus ingresos reportados por actividades empresariales y académicas, alimentan las sospechas sobre su evolución patrimonial.
Si la Secretaría Anticorrupción determina proceder, el caso podría derivar tanto en sanciones administrativas como en una posible investigación penal.
