En una sesión extraordinaria virtual, el Cabildo de Tijuana aprobó el acuerdo que faculta al presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, a firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para fortalecer el cobro del impuesto predial.
La bancada de Morena votó a favor, con excepción de la regidora Rogelia Arzola Santillán, quien se abstuvo sin explicar su postura.
Temor a pérdida de facultades municipales
Desde la oposición, la regidora panista Georgina Arana votó en contra al considerar que el convenio compromete la autonomía municipal.
Afirmó que, con el acuerdo, el Estado asumirá una función constitucional exclusiva de los ayuntamientos: la recaudación del predial. Además, señaló que el servicio estatal no será gratuito, pues implicará un cobro del 2.5% sobre los ingresos efectivos generados por este impuesto.
Arana cuestionó también que el anexo técnico relativo a las claves catastrales —“Anexo A”— fue enviado sin información. Añadió que, aunque en otros estados existen convenios similares, en esos casos los gobiernos estatales entregan íntegramente lo recaudado a los municipios.
La regidora acusó que el acuerdo autoriza celebrar modificaciones, adendas o instrumentos adicionales sin análisis previo del Cabildo. “Es otorgar un cheque en blanco”, afirmó. Propuso que el municipio invierta directamente en tecnología, capacitación y modernización de catastro.
Críticas desde Movimiento Ciudadano
El regidor de Movimiento Ciudadano, Javier Merino, también votó en contra. Consideró “más acertado” usar el 2.5% que se pagará al Estado para fortalecer la tesorería municipal y mantener el control directo sobre la base de datos, los sistemas de cobro y la relación con la ciudadanía.
“Así conservaríamos los procesos, las estrategias y la legitimidad ante la población”, dijo, alertando que los costos sociales seguirán recayendo en el municipio aun si el Estado participa en la recaudación.
Tres ejes del convenio
El acuerdo abre tres áreas de colaboración:
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Intercambio de información fiscal, mediante el acceso a bases de datos del Registro Público, Catastro Estatal y plataformas estatales de cobro, para actualizar valores y detectar omisiones.
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Modelo de cobranza conjunta o asistida, lo que permitiría utilizar herramientas coercitivas del Estado, como embargos.
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Incentivos por eficiencia recaudatoria, para mejorar los resultados fiscales del municipio.
Actualmente, entre 35% y 38% de las cuentas de predial permanecen en cartera vencida. Aunque el rezago disminuyó de 665 mil a 266 mil cuentas, continúa siendo un desafío significativo para la administración municipal.
Defensa del convenio y promesa de recursos
El regidor Pablo Yáñez rechazó que el convenio afecte la autonomía municipal. Aseguró que, con la firma, Tijuana podrá acceder a 200 millones de pesos del Fondo de Fomento Municipal, un beneficio que —según él— respalda la mayoría de la población.
Yáñez sostuvo que el acuerdo también podría combatir prácticas de corrupción ligadas a empresas privadas encargadas de recuperar cartera vencida en administraciones pasadas. “Se acabó el negocio… Ahora quien ayudará al Ayuntamiento será el Gobierno del Estado”, afirmó, aunque evitó referirse a los contratos otorgados durante gestiones previas de Morena.
