Integrantes de la organización conocida como Patrulla Espiritual levantaron una denuncia pública contra agentes de la Policía Municipal de Tijuana, a quienes acusan de haber quitado más de 1,200 dólares y varios pesos mexicanos durante un retén policial ubicado en el bulevar 2000.
El señalamiento fue difundido a través de un video en redes sociales por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, quien aseguró que su compañero Rafael Enrique Ruiz Pérez (“El Rambo”) fue interceptado por agentes municipales cerca de un túnel en esa arteria vial. Según la versión compartida, los policías habrían retirado el efectivo del mecánico que acompañaba a Ruiz sin ofrecer una justificación clara.
Acusación y exigencia de devolución del dinero
Los denunciantes solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar la unidad involucrada, descrita como una camioneta Chevrolet Silverado de cuatro puertas con insignias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y placas oficiales.
En el video, Osuna Torres reclamó que le impidieron al afectado usar su teléfono móvil y le retiraron sus pertenencias sin motivo aparente. También mencionó que este no sería el primer incidente similar.
Ante la situación, los integrantes de la Patrulla Espiritual exigieron la devolución inmediata del dinero a la clínica donde colaboran y advirtieron que, de no ocurrir, procederán a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía y a difundir en redes sociales tanto la identidad del agente como la patrulla presuntamente involucrada.
Quiénes son y qué hacen
La Patrulla Espiritual es un grupo con presencia en redes sociales que se dedica, según su propia descripción, a apoyar a personas en situación de calle o con adicciones, mediante actividades comunitarias y apoyos varios. Su trabajo se ha vuelto viral en plataformas como TikTok por su estilo particular de acercamiento y mensajes de apoyo a quienes atienden.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una respuesta oficial sobre la acusación, ni se ha informado sobre una investigación formal por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal o la Fiscalía General del Estado. La atención de la denuncia y el posible esclarecimiento de los hechos queda pendiente de acciones legales por parte de los afectados.
